Dos
problemas ideológicos acuciaban en ese período la vida pública inglesa. Uno era
referido a las disputas, tras la escisión de Roma de Enrique VIII, entre las
diversas confesiones cristianas, especialmente los anglicanos y los católicos o
papistas. El otro asunto de debate era la concepción de la monarquía, si el rey
tenía poderes absolutos (absolutismo) por derecho divino o, por el contrario,
debía someterse a las decisiones del parlamento, tal como se reconocía en la “Carta
Magna” de 1215.
Carlos, que ya desde el comienzo de su reinado, en 1625, había
provocado la ira de sus súbitos por haberse casado con una princesa católica, disolvió
el parlamento en varias ocasiones, la de mayores consecuencias en 1629, que dio
origen a lo que se llama “los 11 años de la tiranía”. Las tensiones entre ambos
poderes, aun cuando en el fondo lo que se discutía era la doctrina de la supremacía,
estaban relacionados con la capacidad de establecer y cobrar impuestos y las autorizaciones
de gasto para las diversos conflictos bélicos en los que se implicaba la
monarquía, tanto en el continente europeo como con los reinos de Escocia e Irlanda.
En
1640 Carlos se vio forzado a reunir de nuevo el parlamento con el fin de
recaudar fondos, pero a cambio los parlamentarios le exigieron ciertas
garantías políticas y le plantearon una “Petición de derechos” en la que
enumeraban las ilegalidades cometidas por el rey. El choque de planteamientos y
de intereses llevó a una situación de absoluta incompatibilidad entre ambos y dio
lugar a la guerra civil.
Carlos
tenía el control sobre el norte y el oeste de Inglaterra, mientras que el
parlamento dominaba el sur y el este del país. Tras varias refriegas y algunas derrotas
de los realistas, la situación militar se decantó a favor de los parlamentarios.
El parlamento decidió someter a juicio al rey y nombró un tribunal para juzgarle.
El
20 de enero de 1649 dio comienzo el proceso bajo los cargos de alta traición y
de "otros altos crímenes". Carlos rechazó la legalidad del tribunal y
se negó a declararse culpable, alegando que ninguna corte tenía jurisdicción
sobre un monarca ya que su autoridad para gobernar le había sido dada por Dios
cuando fue ungido rey. Por su parte el parlamento se proponía declarar que “No hay hombre sobre la Ley”. El 27 de
enero fue sentenciado a muerte por tirano, asesino y enemigo de la nación y el
30 decapitado en Londres.
A
continuación se proclamó la República bajo la dirección de Oliver Cromwell.
La pugna
entre las diversas opciones religiosas (anglicanismo, catolicismo, calvinismo…)
se saldó a favor de la corriente de opinión que defendía la coexistencia de
todas ellas y se oponía a la imposición de cualquiera sobre otra, la
tolerancia. El filósofo inglés John Locke escribió la “Carta sobre la
tolerancia”, un alegato en favor de la convivencia religiosa y de la libertad de
conciencia, que ha pasado a ser el libro de referencia sobre esta disputa. Hoy
el término tolerancia se ha extendido a otros usos y significaciones.
La
Carta Magna, también conocida
como la “Magna
Carta de las Libertades” es un documento inglés de 1215 aceptado por el
rey Juan I de Inglaterra (Juan sin Tierra) que reconoce que el poder del rey
está limitado por los organismos formados por los ciudadanos (senado, congreso,
parlamento o similar…) y, al tiempo, exigía que nadie pudiese ser detenido sin
el debido proceso.
Frecuentemente
es comparada con la Bula de Oro de 1222, sancionada por el rey Andrés II de
Hungría, y por el acuerdo de la Cortes de León de 1188, los documentos más antiguos con estos
planteamientos.
