El día 3 de octubre del año 1714 el rey Felipe V firmaba una real célula mediante la cual creaba la “Real Academia Española”, que habitualmente llamamos “la Academia de la Lengua”, y la acogía bajo su amparo y protección.
Ya en el año anterior, por iniciativa del Marqués de Villena y a imitación de las que existían en Francia e Italia, se había fundado esa institución con el objetivo de “fijar las voces y vocablos de la lengua castellana en su mayor propiedad, elegancia y pureza”. Se creó con 24 miembros, cada uno de los cuales ocupa un sillón denominado por alguna letra del abecedario.
Frente a lo que mucha gente cree, que, de la misma manera que en el Parlamento se aprueban leyes que luego hemos todos de cumplir, de la misma manera actúa la Academia, la realidad no es así. Las palabras no significan lo que significan porque lo diga el diccionario o lo hayan decidido los académicos. Tampoco la gramática está organizada porque ellos lo hayan acordado. “La Academia describe los usos lingüísticos que surgen y se extienden, y recomienda los que entiende que se van asentando en la lengua culta. Y en ningún caso construye o crea el código lingüístico al que esos usos corresponden”. La tarea de la Academia es recoger lo que el pueblo va fijando y confirmando. Cuando aparece una realidad que no existía, como por ejemplo ocurre ahora con las nuevas tecnologías, la Academia espera a que se afiancen las palabras para confirmar después cuándo deben de utilizarse y cómo deben pronunciarse y ser escritas.
En este sentido el trabajo de esta entidad resulta imprescindible porque es la garantía de que el idioma no se trocea y así podemos entendernos todos. Si cada persona o cada grupo diera a las palabras el significado que le apeteciera, sería imposible la comunicación entre todos.
